El Juez primero penal del circuito especializado de Neiva, Armando González Torres  sentenció a más de 20 años de cárcel a jóvenes  estudiantes y líderes de la Universidad Surcolombiana,  capturados en el marco del  paro agrario del año 2013.

 El fallo condenatorio contra   los estudiantes,  defensores de derechos e integrantes de La Asociación de Trabajadores Campesinos de Huila; William Cruz Javela, Édison Fabián González Sierra, Róger Murcia Escobar y Óscar Eduardo Gasca Garzón fue  por el delito de fabricación, tráfico, porte de armas y munición de uso restringido de la Fuerzas Militares. Sin embargo, ha sido un proceso judicial cuestionado por falta de pruebas y otras irregularidades. (Leer: Jóvenes estudiantes y líderes del Huila fueron condenados arbitrariamente)

Los jóvenes han recibido un  trato de terroristas,  en lo que sería un proceso de persecución contra el movimiento social y de criminalización a la  protesta social. Una de las violaciones de derechos recurrentes en el país, son los falsos positivos judiciales para criminalizar a líderes del movimiento social, incluido el estudiantil.  Para la defensora de derechos, Piedad Córdoba, el gobierno se equivoca en reprimir y dar el trato de delincuentes a los líderes  de los movimientos sociales, “muy grave la condena que le dieron a  los cuatro jóvenes que fueron participante del paro agrario, pertenecientes a la Federación de Estudiante Universitario y al sector agrario, ya que  condenarlos  a 22 años para mí es un exabrupto, con muchas irregularidades en el proceso”. 

Lo paradójico es que el  Fiscal especializado en antiterrorismo, Jairo Elbert González Rodríguez,   (especialista en Ciencias Penales – Criminológicas)  es  también profesor de la Surcolombiana de Derecho Penal, clases en las que ha hablado sobre derechos humanos.   Fiscal que solicitó  la judicialización y condena  a los líderes sociales, jóvenes estudiantes de la misma universidad.  Esto, pese a que el proceso desde la visión de los detenidos y la defensa; ha sido  irregular y dilatorio, considerando que fue un montaje de la Policía que manipuló los elementos incautados, al no tener la  debida cadena de custodia.  El Fiscal sabe de vulneración de  derechos, pues él mismo por sentirse vulnerado en sus derechos,  por medio de tutela exigió el  debido proceso  para la carrera de la Fiscalía. 

Según el Colectivo Macondo, la postura del Juez y el Fiscal siempre fue romper de manera casi que grosera la defensa en el caso de Óscar Gasca, “sin respetar el principio de inocencia, es decir lo estaba  juzgando bajo el principio de que él es culpable”. Para el Fiscal, nunca hubo  violación del debido proceso, manifesta que los jóvenes  en su conjunto lo que transportaban  conforma un explosivo, “no desconocemos el principio de legalidad”, se puntualiza en un medio local. (Le puede interesar: Jóvenes líderes del Huila cumplen casi tres años tras los barrotes de la cárcel)

Líderes sociales o manifestantes en movilizaciones sociales, muchas veces son  judicializadas por presunto  vandalismo y daño en bien público,  obstrucción de vías públicas, perturbación al servicio de transporte y en la mayor de los casos prosperan las denuncias por violencia contra servidores públicos, producto de la  respuesta a la arremetida del Esmad. Con falsos positivos judiciales muchos líderes son juzgados por rebelión, señalados de  presuntos vínculos con las Farc; hasta por concierto para delinquir y terrorismo. (Lea:  No para criminalización de defensores de DDHH en Colombia). 

Para Victoria Sandino de la Delegación de Paz de las Farc, lastimosamente las autoridades judiciales desconocen  la apuesta por concretar un estatuto de oposición y régimen de garantías para la movilización y la protesta social desde los diálogos de paz en la Habana, “El  Juez  y Fiscal,  no parecen haberse enterado del sentido de este acuerdo de apertura democrática  e insisten en la más brutal criminalización de la protesta como acaba de  ocurrir en la injusta y desproporcionada condena a cuatro jóvenes líderes campesinos huilense, apresados en el marco paro agrario de 2013 y para quienes,  el disparate de este aparato judicial de guerra piden más de 20 años de prisión”.

Sandino asegura que ese tipo de actualizaciones judiciales no aportan a la reconciliación, ya que reprobables las medidas de los enemigos de la paz, “sin  duda esto  quedará atrás  con la firma del acuerdo final y la aplicación de la justicia especial para la paz que cobija también a los dirigentes sociales perseguidos”. 

Hay que resaltar que uno de los acuerdos gruesos para la paz hace referencia a la participación política y las garantías a  las diversas expresiones políticas y sociales de las poblaciones  que han sufrido exclusión histórica. Ahora el Fiscal, González  ha denunciado amenazas  y se ha privado de dar clases, alegando motivos de seguridad,  luego de la sentencia contra los jóvenes. La condena a los jóvenes es un caso más de la persecución del movimiento social y popular, por eso la FEU ha solicitado cesar la persecución contra los luchadores sociales y exigen la libertad inmediata de los jóvenes. 


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