Organizaciones sociales de Marcha Patriótica Huila ven con preocupación las denuncias dadas a la prensa por el fiscal y el juez, encargados estos de condenar a los cuatro jóvenes procesados del Paro Agrario de 2013. Igualmente, la organización cuestionó los ya reiterados calificativos despectivos de algunos periodistas del Huila “que engendra rencor y en nada ayuda a la reconciliación en un periodo de pos-acuerdo”.  

Según las organizaciones sociales, faltando a la verdad, Armando González Torres, juez Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva, y Jairo Elver González Rodríguez, fiscal de la unidad antiterrorismo de Neiva, denunciaron que supuestamente han recibido amenazas, luego de dar sentido de fallo condenatorio contra William Cruz Javela, Édison Fabián González Sierra, Róger Murcia Escobar y Óscar Eduardo Gasca Garzón, defensores de Derechos Humanos, integrantes de Marcha Patriótica Huila y capturados en el Paro Agrario de 2013. La revelación fue dada por los dos funcionarios judiciales en la mañana del martes pasado, 7 de junio, en una rueda de prensa.  

“Eso es lo que nos corresponde”

Jairo Elver González Rodríguez, fiscal del caso, recalcó que ellos actuaron en el marco de la ley y la Constitución. “La Fiscalía está encargada de la acción penal, y a eso es a lo que nos remitimos. Los elementos dentro del proceso estaban dados para formular una acusación, que se presentó; se adelantó el proceso que se debe tener a cabo con todas las garantías procesales, se llevó a juicio, se encausó y terminó con la decisión del 31 de mayor con el sentido de fallo condenatorio. Eso es lo que nos corresponde como servidores, a mí como fiscal y al doctor Armando como juez. No nos puede tildar de enemigos de la paz por actuar en ejercicio de nuestra función”, explicó.

El funcionario de la Fiscalía hizo alusión a las palabras de Victoria Sandino, integrante de la Delegación de Paz de las Farc, quien manifestó su indignación por la condena que se escuchará el próximo 22 de junio. “[los dos funcionarios] no parecen haberse enterado del sentido de este acuerdo de apertura democrática. Insisten en la más brutal criminalización de la protesta como acaba de ocurrir en la injusta y desproporcional condena a los cuatro jóvenes huilenses, apresados en el marco del paro agrario de 2013, y para quienes el disparate de este aparato judicial de guerra pide 20 años de prisión”, dijo la líder insurgente durante el Foro Regional ‘Conflicto, Paz y Reconciliación en el Surcolombiano – Acuerdos de Paz y Justicia Transicional’ el pasado 2 de junio.

Señalan al movimiento estudiantil

Agregó que esta esa es la labor de los empleados judiciales y que lo ajeno a ello no debe tocar el escenario personal, toda vez que además de ser fiscal Jairo Elver González ostenta el cargo de docente en el programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana. “Con esta situación, lo que se está tratando de orquestar es que se diga que detrás de esas supuestas amenazas estamos los integrantes del movimiento estudiantil. Se quiere con esas aseveraciones dejar en el ambiente que somos nosotros, para después armar montajes judiciales contra nosotros”, denunció un vocero de la Federación de Estudiantes Universitarios FEU, capítulo Huila.

“Consideramos que la actitud asumida por el fiscal al argüir dejar de asistir a su ejercicio docente so pretexto de vulneración a su seguridad personal, además de desviar las discusiones, nos deja como lectura los niveles de estigmatización del él mismo para el caso. La reprochable evasión al debate académico y político de su proceder al interior de la comunidad universitaria y, en general, los distintos sectores sociales que han expuesto sus diversas interpretaciones jurídicas”, agregó la organización estudiantil en su comunicación.

La familia de los procesados

Sandra Catalina Gasca Garzón es la hermana de Óscar Eduardo, uno de los procesados y a quien el fiscal señaló de haber sido el que tuvo palabras con él a la salida de la audiencia. Aseguró aunque tales palabras sí se dieron, estas en nada corresponde a lo denunciado por el funcionario del ente acusador. “Yo estuve presente en la audiencia y a la salida de la sala en el Palacio de Justicia, pero lo que ha dicho por el fiscal falta absolutamente a la verdad. Sí hubo indignación, mi mamá se ha puesto muy mal con todo esto, pero solo han sido palabras de frustración, y que en nada corresponderá a lo dicho por el fiscal. Eso es solo paranoia del señor”, resaltó la familiar.

Puntualizó Sandra Catalina además que lo dicho por el fiscal, según el cual uno de los muchachos lo habría agredido físicamente es igualmente falso. “Ahora, es totalmente falso que los cuatro procesados hayan agredido al fiscal. Las audiencias han sido públicas y se puede pedir copia de los audios y los videos donde se corrobora que tal situación nunca ocurrió”, señaló la mujer.   

Calificativos mal intencionados de la prensa

Y la historia no quedó aquí. Al ser presentada la denuncia realizada por el fiscal a los medios de comunicación, el periodista Norberto Antonio Castaño Buitrago, director del Noticiero El Imparcial del Sistema Inrai en Neiva, se refirió al tema con calificativos “fuera de contexto y generadores de estigmatización”, reseñaron los miembros de Marcha Patriótica Huila. 

Así se refirió el periodista sobre el caso: “Pues el día que se hizo la última audiencia hubo voces contra las autoridades, contra  fiscal y contra el juez, que los trataban de paramilitares. Luego, a través de las redes sociales, se cuestionó ese fallo judicial. Pero el punto que ha rebosado la copa es un pronunciamiento de Victoria Sandino, una guerrillera de las Farc que –perdónenme lo que voy a decir– parece gemela de Piedad Córdoba, usa el turbante rojo, bueno…”, dijo el comunicador al aire, tratando de soslayar el nombre del movimiento político.

Sin embargo, y contrario a lo que, según el periodista, fue una descalificación de Sandino a los operadores judiciales en dicho foro desde La Habana, esta se refiere a su libre manifestación de indignación por el caso. “Franco servicio le presta a la reconciliación estas deplorables medidas de los enemigos de la paz, quien sin lugar a dudas quedaran atrás con la firma del Acuerdo Final y la aplicación de la justicia especial para la paz, que cobija también a los dirigentes sociales perseguidos” puntualizó la líder insurgente. 

El proceso y persecución a la protesta

Eduardo Matyas Camargo, defensor de los cuatro jóvenes, dijo que a lo largo del proceso se logró comprobar que las sustancias que se asegura fueron incautadas “nunca tuvieron cadena de custodia”. “En el traslado desde el puesto de control desde la vereda Otás en la carretera hasta la Estación de Policía de Campoalegre, se pudieron modificar esos elementos, pudieron alterarlos o cambiarlos. Los mismos uniformados reconocieron que no sabían que era lo que eran y nunca fue legalizada por un juez su incautación”, dijo el abogado.

Aseguró que las sustancias incautadas son materia prima para hacer pólvora acloratada y que no es explosiva. Este argumento fue ratificado por John William Zuluaga Ramírez, técnico en explosivos certificado por la Fiscalía General de la Nación y la Embajada de Estados Unidos, y quien fungió de perito en este caso. “Son productos que nada tiene que ver con explosivos como lo quiso hacer saber la Fiscalía, y por lo tanto no se hallan penalizados por la ley”, explicó.

El juez Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva fijó fecha para el 22 de junio a una pena de más de 20 años de prisión para cada uno de los cuatro activistas de Derechos Humanos procesados.

 

 

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