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Categoría: Derechos
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En un comunicado la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, condenó de manera enérgica los homicidios de defensores y defensoras, personas reincorporadas y masacres que se viene registrando en el país. Se han reportado 33 masacres en lo corrido del año en Colombia. 

El comunicado se da por la masacre de 8 jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño.   A lo que se suma la condena de otros hechos violentos registrados en las  últimas semanas en diferentes regiones, afectando la seguridad de las comunidades.

 La Oficina del Alto Comisionado, manifiesta su preocupación por la continuidad de homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de ex combatientes de FARC-EP en lo corrido del año 2020.

“En lo que va del año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios”, refiere el comunicado. 

Según la Misión de Verificación de Naciones Unidas, se registra un aumento del 10% de los asesinatos contra estas personas en proceso de reincorporación, comparado con el primer semestre de 2019. “Un total de 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016”

Para la ONU los hechos violentos traen impactos humanitarios. Además, aseguran que en los territorios existe la presencia de grupos armados ilegales y otras organizaciones generadoras de violencia, de economías ilegales, pobreza y caracterizado por una limitada presencia del Estado. 

Desde esta Alta Oficina hacen un llamado para que se avance en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. Así mismo, fortalecer las medidas adoptadas y realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia y a no escatimar esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de las comunidades.