Varias audiencias claves para las víctimas de la guerra y el modelo económico, se realizaron en La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH en Washington por solicitud de diversas organizaciones sociales. La primera fue la denuncia por violación a derechos humanos en el marco de la protesta social en Colombia. De igual forma denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por Paramilitares y la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de paz en Colombia. Por otro lado una serie de peticionarios sobre la violación de derechos humanos en el marco de la política de desarrollo e industria extractivista en Colombia. En todas las audiencias hubo un común denominador, fue la represión y criminalización de la protesta social.
“Una represión sin precedentes a la protesta social”, fue como los peticionarios calificaron la situación en las últimas movilizaciones que han dejado 15 personas muertas y más de 3mil capturados este año”. Organizaciones sociales, de campesinos y derechos denunciaron los atropellos y la persecución a la protesta social que se vive en Colombia. Asegurando que no hay garantías para la movilización social pues se enfrenta la estigmatización, persecución y criminalización. Además de un trato de guerra por parte de la fuerza pública contra manifestantes.
Por otra parte también se denunció que aún persiste el control territorial por parte de paramilitar. Denotando además todavía el involucramiento de políticos que no han sido llamados como parte de los procesos de bloques que cometieron masacres. “La continuidad de estructura paramilitares es evidente en zonas como Urabá, además del reclutamiento forzado como pasa actualmente en Trujillo Valle con las víctimas”, puntualizaron los peticionarios.
De igual forma se denunció que las víctimas de Paramilitares vienen siendo perseguidas, hostigadas y señaladas como sucede con los líderes, “hay copamiento social en comunidades por parte de estructuras paramilitares y ahora estas estructuras funcional alrededor de actividades extractivistas y empresariales”. Lo que evidencia el control territorial de los paramilitares aún en Trujillo y Catatumbo, “hacen presencia en la zona vestidos de civil y con armas cortas”.
Sin embargo, los representantes del gobierno insisten en que no hay estructuras, pues acude a una diferencia conceptual de las ahora bandas delincuenciales en fragmentación y no grupos estructurados de paramilitares. Por lo que los representantes de organizaciones denunciantes, aseguraron que si bien hay un mecanismo de desmovilización, no hay un real desmantelamiento del fenómeno, y se ve una omisión, tolerancia y aquiescencia en zonas altamente militarizadas. “Los intereses económicas se han transformando tiene que ver con el control de territorio de intereses empresariales en el que están vinculados también políticos, por eso es necesario tipificar la conducta de conformación de grupos paramilitares”.
La situación de los pueblos indígenas
La delegación de los pueblos indígenas de Colombia afirmó en la audiencia que no hay voluntad del Estado para proteger los derechos de los pueblos indígenas, sólo hay acuerdos y ha sido bajo la presión de la movilización indígena. Por lo que manifestó que se ha avanzado en un mínimo de acuerdos, pero no hay garantías para protección frente al exterminio físico y cultural, tal sucede con El Plan Salvaguarda que no se ha implementado.
Los líderes indígenas denunciaron la militarización de los territorios indígenas, confinamiento, control a la movilidad y la vida de los pueblos, bases militares en sitios sagrados que implica la desarmonización y la incorporación de jóvenes al servicio militar. Además los señalamientos, amenazas, desplazamiento forzado, tortura y asesinatos al que se ven sometidos, tal fue el caso de Fabián Cuellar en Caldono asesinado por la brigada 19. De igual forma se enfrenta la violación a la consulta previa, la violación a la movilización y la protesta social que viene siendo criminalizada y señalada como sucedió en la Minga de octubre.
Por eso exigieron el territorio como espacio de vida, “territorio libre y armónico como fuente de paz y garantía de vida. No queremos un desarrollo extractivista porque enfrentamos los destrozos de multinacionales mineras que traen desequilibrio ambiental y problemas armados”.
De otro lado se denunció las amenazas y asesinatos de comunicadores. Es el caso Sistema de comunicaciones del Tejido del cauca y el Cric en el Cauca amenazados por un panfleto de las Águilas Negras, “existe un riesgo permanente por eso se exige la defensa del derechos de expresión libre de los pueblos, es que hay un desplazamiento de 14 comunicadores de sus territorios”.
Desarrollo e industria extractivista en Colombia
El Movimiento Ríos Vivos junto a representantes de organizaciones de afectados por represas y otros proyectos mineros energéticos, denunciaron que los proyectos extractivistas que viene impulsando el Gobierno como base de la economía pasan por encima de las comunidades sin consulta previa, ocasionado violación a los derechos Civiles y políticos, DESC, Ambientales y se desconoce la participación de las comunidades ancestrales y locales. Por este fenómeno se enfrenta criminalización, desplazamiento y pérdida de actividades productivas agrícolas.
El Gobierno en su tesis de defensa, manifestó: Tenemos derecho como Estado a aprovechar como nos parezca los recursos naturales. Además La minería y los megaproyectos en Colombia son para generar riqueza y superar la pobreza. Sólo aceptamos la buena minería y las hidroeléctricas son energía limpia.
Por su parte los afectados manifestaron que con estos proyectos hay una destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, los ecosistemas, la pesca, la degradación de la calidad del agua, los desplazamientos, desalojos violentos y asesinatos a líderes. Por lo que se hace necesario una reformulación de la política minero energética, consulta comunitarias y garantías para la protestas social.
