La denuncia de privatización la han realizado organizaciones ambientalistas en Colombia, ya que se busca la enajenación de los acueductos comunitarios para beneficiar la producción agroindustrial y el control corporativo.
Asoquimbo puntualizó que en el caso del Huila, la Fundación Natura celebró un convenio con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos -USAID- para la implementación del Plan Huila 2050 o Plan “cambio climático”. Proyecto que contempla privatiza el agua para la demanda de consumo, “el suministro de riego para la producción agroindustrial” -ZIDRES- y para le generación de energética tal como se estipula en el -Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena.
“Ahora a nombre del cambio climático aparece la Fundación Natura de mano de USAID y de Emgesa apoyada por los gobiernos, las corporaciones autónomas para ampliar el mejor negocio: la mercantilización de la naturaleza”, sostuvo la organización.
“La Fundación Natura y USAID cumplen la función de promover los negocios empresariales y corporativos para la “reducción de los gases de efecto invernadero”, fortalecidos a partir de la COP21 de París que impuso la impronta privatizadora que garantiza al sector financiero tener certeza sobre sus inversiones en la descontaminación ambiental como lo exige la OCDE”, aclaró Asoquimbo. Por lo tanto la apuesta de los grupos financieros transnacionales y los Estados que los representan por los “mercados verdes” es fortalecer el sometimiento financiero de los países del sur.
Para la organización, El Plan Huila 2050 está orientado a la reorganización del territorio para las corporaciones transnacionales, bajo el Interés Estratégico Nacional -PINES-para la extracción intensiva y apropiación privada de nuestros Bienes Naturales Comunes: los ríos, el Macizo Colombiano, las ciénagas, humedales, para la construcción de más represas, explotación petrolera utilizando fracking, agronegocios, a nombre del “cambio climático” como pretexto para la mercantilización de la naturaleza y la vida: El capitalismo Verde.
Según Censat, preocupa a los movimientos por la defensa de los territorios y la vida que en un posible pos-acuerdo “se entregue a las trasnacionales grandes porciones del territorio del país para proyectos extractivos debido a que las propuestas en términos ambientales del Plan Nacional de Desarrollo (2015 - 2018), corresponden a un modelo de economía verde sustentado en la concepción mercantilista de la naturaleza como capital natural; supuestos esquemas de minería y energía sostenible con la participación de las comunidades; fortalecimiento institucional ambiental a partir de los ingresos obtenidos de Pagos por Servicios Ambientales -PSA- y Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación".
